En el mes de febrero, el mandatario fue elegido nuevamente para un segundo mandato, a pesar de la prohibición de reelección inmediata en la Constitución. Su agrupación política conserva una destacada mayoría en el cuerpo legislativo, sobre la cual se basó para implementar reformas que posibilitaron su candidatura y que facilitan la aprobación de leyes con escaso balance de poder.
Extensión del régimen de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Infracciones registradas y censura global
Organizaciones de derechos humanos han catalogado estas prácticas como violaciones sistemáticas: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, despidos forzados y graves debilidades en el proceso judicial hrw.org. Denuncias destacan que niños y adolescentes están siendo trasladados a cárceles convencionales para adultos, a pesar de estándares internacionales que prohíben tal práctica. Al menos 368 personas han muerto en esos recintos durante este periodo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, aunque el régimen constitucional permite suspender garantías en emergencias, este debe ser proporcional y temporal. En este caso se ha convertido en una medida indefinida y abusiva, con severas consecuencias políticas y sociales .
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para respaldar al régimen, se levantó el controvertido CECOT, un complejo penitenciario con espacio para más de 40,000 presos, aunque opera bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un régimen penitenciario riguroso. Esta prisión de gran tamaño ha sido descrita como un «agujero negro» de derechos humanos, donde se restringe la recreación y las visitas, y se aplican castigos estrictos sin verdadera supervisión.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
Aunque el sacrificio de libertades es significativo, el régimen sigue gozando de un alto nivel de aceptación. Las autoridades sostienen que la decisión pone la seguridad pública en primer lugar, y una buena porción del pueblo apoya esta postura debido a la notable caída en las tasas de asesinatos.
No obstante, entidades globales y actores legales han señalado que este esquema tiránico, respaldado por el poder legislativo afianzado por el Ejecutivo, supone un debilitamiento de los controles institucionales y del respeto al Estado de derecho.
Inquietud por niños y repatriados
Ha surgido una crítica intensa acerca del traslado de menores a prisiones para adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo las infraestructuras diseñadas para situaciones particulares.
Adicionalmente, Human Rights Watch califica las deportaciones desde Estados Unidos como “desapariciones forzadas” cuando los retornados son encarcelados sin proceso o acusaciones justificadas.
Balance final: ¿seguridad a costa de los derechos?
El desempeño en términos de seguridad es indiscutible: El Salvador ha mostrado durante varios años cifras históricamente bajas en homicidios y concluyó 2024 con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el enfoque ha afectado derechos esenciales y ha erosionado significativamente instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales ahora están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El desafío es complejo: ¿es justificable poner en riesgo las garantías constitucionales, las libertades civiles y los derechos humanos en favor de una seguridad que se presume superior? El porvenir presenta obstáculos: la consolidación de este sistema y su continuidad más allá del estado de excepción.
