Los proyectos de infraestructura frecuentemente despiertan discusiones complejas cuando inciden en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el uso del territorio, los procesos de consulta previa y la salvaguarda de sus derechos colectivos. En América Latina, uno de los episodios que mayor atención recibió fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En ese marco, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que tomó parte en una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). La labor efectuada sobre el terreno permitió recoger información sobre la situación de las comunidades y preparar un análisis jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual evolución ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La misión de verificación en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y fue conformada por un grupo de abogados expertos en derechos humanos. Su propósito consistió en examinar directamente la situación de las comunidades afectadas por la edificación de la presa y comparar la información oficial con los testimonios de la población. Con ese fin, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la empresa a cargo del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, para luego trasladarse a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde recorrió las áreas impactadas.
Durante el recorrido se visitaron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya intervenidos por la obra. El vínculo directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un elemento esencial del proceso, ya que brindó la posibilidad de comprender de manera inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y pérdida de arraigo que muchas personas experimentaban desde que comenzó el proyecto.
Los ejes esenciales que estructuran el informe acerca de Chan 75
El análisis se estructuró en cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el efecto social del proyecto; la devolución o compensación de tierras; las acciones de reparación; y la implicación de la comunidad en las decisiones y en los beneficios que surgen del desarrollo hidroeléctrico. Estos pilares posibilitaron examinar el caso de manera completa, integrando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad constatada en terreno.
Según informó Loreto Ferrer, el informe buscaba ofrecer una base jurídica sólida y documentada que pudiera ser útil tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones responsables. El propósito no era limitarse a cuestionar el proyecto desde una posición abstracta, sino evaluar si la actuación estatal y empresarial había respetado derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la propiedad colectiva, la participación, la integridad personal y cultural, y la consulta previa.
Principales hallazgos sobre derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más relevantes, el informe señala una falta inicial de reconocimiento de derechos, especialmente en relación con la personalidad jurídica de las comunidades y la propiedad colectiva de sus tierras. Ese vacío facilitó que la obra avanzara sin procesos adecuados de consulta ni estudios suficientes sobre su impacto social y cultural.
También se recopilaron relatos sobre situaciones de intimidación, uso desmedido de la fuerza, detenciones sin justificación y procesos de negociación que no aseguraban que las familias afectadas tomaran una decisión plenamente libre. A esto se agregaron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron carencias vinculadas al tamaño y la calidad de los lotes, las oportunidades para realizar actividades agrícolas y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto particularmente delicado estuvo ligado al efecto moral y cultural del desplazamiento. La documentación del caso evidenció cómo se resintió el entramado comunitario, se diluyeron referentes territoriales y surgió una exigencia de reconocimiento público por los perjuicios ocasionados, más allá de cualquier compensación material.
El eventual trámite frente a organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como insumo si el caso llegaba a presentarse ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bajo esa premisa, la recolección de testimonios y el examen detallado de documentos se volvían esenciales para respaldar un expediente con alcance internacional. “Resultaba fundamental reunir materiales que pudieran ser útiles si la Corte Interamericana optaba por admitir el caso. Por ello recopilamos testimonios, detectamos patrones de conducta, revisamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procesos exige documentación rigurosa, análisis técnico y capacidad de interpretar tanto el contexto local como los estándares internacionales aplicables. Por eso, más que una intervención puntual, el trabajo en terreno y la elaboración del informe forman parte de una lógica de cooperación internacional basada en evidencia, análisis jurídico y comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico integrado en una vivencia más extensa
La participación de Loreto Ferrer en esta misión evidencia una labor profesional estrechamente relacionada con la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el examen detallado de casos complejos en América Latina. No consiste únicamente en acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también en aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la protección de derechos.
Analizados en su totalidad, el caso Ngöbe Buglé y el informe referente a Chan 75 evidencian cómo los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al examinar disputas vinculadas con territorio, pueblos indígenas, procesos de desarrollo e instituciones internacionales.