Los proyectos de infraestructura frecuentemente despiertan discusiones complejas cuando inciden en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el uso del territorio, los procesos de consulta previa y la salvaguarda de sus derechos colectivos. En América Latina, uno de los episodios que mayor atención recibió fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En este escenario, Loreto Ferrer integró el grupo de especialistas que tomó parte en una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). La labor desarrollada sobre el terreno hizo posible recopilar información sobre la realidad de las comunidades y preparar un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual tramitación ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La labor de verificación realizada en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y estuvo conformada por abogados expertos en derechos humanos. Su propósito consistió en comprobar directamente la situación de las comunidades afectadas por la construcción de la presa y contrastar la información oficial con la vivencia real de la población. Con este fin, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la empresa encargada del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, para luego desplazarse a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde recorrió las áreas impactadas.
Durante la visita, se exploraron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas destinadas a reubicación y sectores previamente intervenidos por la obra. El trato cercano con las familias y los líderes comunitarios constituyó un eje fundamental del proceso, ya que brindó la posibilidad de comprender directamente el nivel de tensión, la vulnerabilidad y el desarraigo que muchas personas experimentaban desde el inicio del proyecto.
Los ejes más relevantes del informe referente a Chan 75
El análisis se organizó en torno a cinco grandes áreas: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la evaluación de riesgos y el impacto social del proyecto; la restitución o compensación territorial; las medidas de reparación; y la participación comunitaria en las decisiones y beneficios derivados del desarrollo hidroeléctrico. Estos ejes permitieron abordar el caso desde una perspectiva integral, combinando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad observada en terreno.
Tal como señaló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de brindar una base jurídica firme y bien documentada que resultara de utilidad tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones competentes. Su objetivo no se limitaba a cuestionar el proyecto desde una visión teórica, sino que buscaba determinar si la actuación del Estado y de la empresa había respetado derechos esenciales de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Principales hallazgos sobre derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre los hallazgos más destacados, el informe apunta a una carencia temprana en el reconocimiento de derechos, sobre todo vinculados a la personalidad jurídica de las comunidades y a la titularidad colectiva de sus territorios. Esta ausencia permitió que el proyecto progresara sin consultas adecuadas ni evaluaciones suficientes sobre sus efectos sociales y culturales.
También se recopilaron relatos que describían situaciones de intimidación, empleo desmedido de la fuerza, detenciones realizadas sin fundamento y procesos de diálogo que no aseguraban una elección plenamente libre para las familias involucradas. Además, surgieron dificultades en las áreas destinadas a la reubicación, donde se detectaron falencias vinculadas con las dimensiones y la calidad de los terrenos, las oportunidades para la actividad agrícola y la adaptación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto especialmente delicado estuvo relacionado con el impacto moral y cultural derivado del desplazamiento. Los documentos del caso evidenciaron deterioro en el tejido comunitario, ausencia de referentes territoriales y una exigencia de reconocimiento público por los daños ocasionados, más allá de cualquier compensación material.
El eventual camino frente a organismos internacionales
Uno de los elementos importantes del trabajo era que el informe pudiera servir como insumo en un eventual recorrido del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, la recopilación de testimonios y la revisión documental resultaban claves para sostener un expediente con proyección internacional. “Era importante generar elementos útiles en caso de que la Corte Interamericana decidiera abrir el caso. Por eso recopilamos testimonios, identificamos patrones de actuación, revisamos los contratos de reubicación y analizamos las reformas legislativas recientes”, explica Loreto Ferrer.
Este tipo de procesos requiere una documentación minuciosa, un examen técnico cuidadoso y la habilidad de interpretar tanto el entorno local como los estándares internacionales correspondientes. Por ello, más que una acción aislada, el trabajo realizado en campo junto con la preparación del informe se integra en una dinámica de cooperación internacional sustentada en evidencia, criterios jurídicos y la comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo particular integrado en una vivencia más extensa
La presencia de Loreto Ferrer en esta misión evidencia una labor profesional asociada a la cooperación internacional, la elaboración de documentos técnicos y el estudio de situaciones complejas en América Latina. No consiste únicamente en respaldar procesos desde el ámbito jurídico, sino también en aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la protección de derechos.
Analizados en su totalidad, el caso Ngöbe Buglé y el informe referente a Chan 75 evidencian cómo los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al examinar disputas vinculadas con territorio, pueblos indígenas, procesos de desarrollo e instituciones internacionales.